Incendios forestales en España: del colapso operativo de 2025 al riesgo latente de 2026

El cierre de 2025 dejó algo más que cifras récord: dejó un diagnóstico incómodo sobre los límites reales del sistema de incendios en España. Con cerca de 360.000 ha quemadas y  63 grandes incendios forestales que concentraron alrededor del 86% de la superficie arrasada (2025), lo ocurrido no fue solo una anomalía climática, sino la constatación de un cambio estructural en la naturaleza del fuego. Los incendios ya no son únicamente más grandes: son más rápidos, más intensos y, en demasiadas ocasiones, técnicamente inabordables.

La lección principal es clara. No estamos fallando por falta de medios de extinción. España sigue siendo una referencia internacional en capacidades operativas, pero cuando un incendio alcanza determinadas condiciones físicas, deja de ser extinguible. A partir de intensidades superiores a 10.000 kW por metro de frente de llama, ningún equipo puede trabajar directamente sin asumir un riesgo letal; por encima de 20.000 o 30.000 kW/m, ni siquiera los medios más avanzados pueden contener el frente.

Y esos valores ya no son excepcionales. En 2025, varios grandes incendios se movieron de forma habitual entre los 15.000 y 35.000 kW/m. En casos concretos, como el incendio de Cieza, se superaron los 27.000 kW/m, entrando en rangos donde el fuego genera su propia meteorología y se vuelve prácticamente imposible de atacar.

La velocidad agrava aún más el problema. Mientras que los frentes de incendio pueden avanzar a ritmos de 10 a 15 km/h en condiciones extremas, los equipos de extinción apenas pueden progresar a unos 500 metros por hora en terreno forestal. La consecuencia es evidente: el sistema no puede “alcanzar” al incendio. En muchos escenarios, la única opción operativa es replegarse, trabajar desde los flancos cuando es posible y anticiparse en zonas habitadas. Es decir, gestionar el impacto más que controlar el fuego.

Este cambio operativo tiene una implicación directa: el incendio deja de ser un problema ambiental para convertirse en un problema de seguridad ciudadana. En 2025, más de 42.000 personas fueron evacuadas y más de 100.000 confinadas. No se trata ya de salvar masa forestal, sino de proteger vidas e infraestructuras.

Porque si algo ha evidenciado 2025 es que el origen del incendio es, en cierto modo, secundario. Da igual la chispa. Si el monte está preparado para arder, arderá. El problema no es quién inicia el fuego, sino las condiciones en las que se encuentra llegado el momento. Y esas condiciones vienen determinadas por la acumulación de combustible. El año pasado fue especialmente ilustrativo: las lluvias en determinados momentos del ciclo anual generaron un crecimiento masivo de vegetación que, semanas después, quedó expuesta a un verano extremadamente cálido con más de 30 días de olas de calor. El resultado fue inevitable: grandes cantidades de biomasa disponibles listas para arder bajo condiciones óptimas de propagación.

Este patrón desmonta una idea extendida: que la lluvia reduce el riesgo de incendios. En realidad, sin gestión forestal, lo incrementa. Más lluvia significa más vegetación; más vegetación, más combustible.

Aquí es donde el análisis debe ir más allá del clima y entrar en el modelo territorial. Durante décadas, el monte estuvo regulado por la actividad humana: pastoreo, leña, usos tradicionales. Hoy, con la despoblación rural, ese equilibrio ha desaparecido. La superficie forestal sigue creciendo alrededor de un 0,8% anual mientras que apenas se ejecuta en torno al 40% de los planes de gestión. El resultado es acumulativo: cada año hay más combustible disponible.

Esto introduce una idea clave para 2026: existe una parte del problema sobre la que sí podemos intervenir, y es la prevención. La meteorología no se puede controlar, pero el estado del monte sí. El trabajo que no se haga en invierno no podrá compensarse en verano.

Sin embargo, el modelo actual sigue mostrando un fuerte desequilibrio. Según estimaciones de expertos como Marc Castellnou, cerca del 98% del presupuesto se destina a extinción, frente a apenas un 2% en prevención y gestión forestal. Es una estrategia que genera sensación de control, pero que no aborda la raíz del problema.

Además, el coste económico refuerza esta contradicción. Apagar un gran incendio puede superar los 19.000 euros por hectárea (ASEMFO). Cada millón invertido en extinción es un millón que no se destina a tratamientos silvícolas, cortafuegos o economía rural. Es decir, se paga sobre el problema en lugar de evitarlo.

En este contexto, el arranque de 2026 ofrece señales mixtas. Por un lado, se han registrado ya en torno a 11.887 hectáreas quemadas en los primeros meses del año (EFFIS, 2026), una cifra elevada pero todavía dentro de una variabilidad aceptable. Sin embargo, el indicador clave no es el total acumulado, sino la superficie media por incendio. Ese dato será el que determine si estamos ante un escenario más peligroso.

Ilustración 1. Datos estadísticos comparativa mensual incendios 2006- 2026 EFFIS

Al mismo tiempo, el invierno ha sido especialmente lluvioso. La reserva hídrica nacional se encuentra al 83,2% de su capacidad mientras que en marzo de 2025 estaban al 60.9% (MITECO, 2026) y la vegetación está creciendo con fuerza. Esto introduce un riesgo latente: más biomasa disponible. Si en los próximos meses se producen episodios de calor intenso, el escenario podría reproducir las condiciones de 2025.

Por ahora, no se puede anticipar con precisión. Todo dependerá de la meteorología de primavera y principios de verano. Pero el punto de partida obliga a la prudencia: hay más combustible y, por tanto, mayor dependencia del clima.

En paralelo, se han dado algunos pasos en el plano político. A finales de 2025 se impulsó un Pacto de Estado con medidas orientadas a reforzar la prevención. Es un avance relevante, pero aún pendiente de implementación real. El reto no está en el diagnóstico, sino en trasladarlo al territorio.

Lo ocurrido en 2025 dejó claro que no todo se puede apagar. Que existen incendios que superan la capacidad de respuesta. Y que, en esos casos, la única defensa real es haber preparado previamente el paisaje para que no alcance esas condiciones extremas.

De cara a 2026, el escenario no es tanto de alarma inmediata como de riesgo contenido pero estructural. Hay más conciencia, mejores herramientas y cierto avance político.

La conclusión es directa: el verano no se juega en verano. Se juega en los meses previos, en la gestión del territorio y en la capacidad de reducir la carga de combustible antes de que llegue el calor: incendios que no se apagan, solo se controlan mientras avanzan hacia las poblaciones donde se frenan por protección de seguridad civil previniendo un impacto sobre las personas.