¿Nueva normalidad, nueva movilidad? Cambios regulatorios para el paradigma post-pandemia
7 de noviembre de 2020 Por Ester Juan
Ya antes de la pandemia, cambios como el Mobility as a Service (MaaS), que describe un alejamiento de la modalidad de transporte personal en vehículo propio hacia soluciones de movilidad que se usan como servicio, como patinetes, bicicletas, movilidad compartida (VTC, carsharing, motosharing) o transporte público (fundamental para garantizar la justicia social y el derecho de todos los ciudadanos a la movilidad), se imponía como la solución de futuro, muy especialmente en entornos urbanos. La electrificación se presentaba, para aquellos casos en los que el coche privado siguiera siendo una necesidad, como la alternativa para una movilidad 0 emisiones.
Además, nuevas tendencias de los consumidores, principalmente con el incremento del e-commerce, evidenciaban que los cambios no iban a producirse únicamente en la forma de moverse de la ciudadanía, si no también de todo tipo de mercancías y productos.
Del viejo paradigma a la nueva movilidad
Y efectivamente, si desde hacía años se observaban tendencias disruptivas en la mayor parte de capitales europeas, la pandemia ha dejado claro que es necesario replantear el modelo existente en el que prima el vehículo privado contaminante sobre el resto de las opciones.
El obligado distanciamiento social ha hecho inevitable repensar el uso del espacio público y la presencia de los diversos métodos de transporte para garantizar una movilidad segura de todos los ciudadanos, cumpliendo paralelamente con el compromiso español hacia una movilidad verde.
Asimismo, el confinamiento ha cambiado quizás para siempre la forma de consumir, disparando las compras online y aumentando la necesidad de un transporte de última milla y otros transportes logísticos que tienen que ser rediseñados para adaptarse al cambio de modelo social.
Es en este nuevo paradigma transversal de la movilidad, en la que confluyen diferentes agendas del Gobierno como la verde, la digital o la industrial, donde se hace imprescindible regular desde una perspectiva amplia. Es precisamente ahí donde recae el verdadero reto regulatorio actual.
La regulación que se mueve
Tal y como está sucediendo en otros países europeos de nuestro entorno, la movilidad se posiciona como uno de los ejes clave para articular la transición ecológica de España en los próximos años, cumplir con las obligaciones marcadas en el Acuerdo de París y asegurar la consecución del Green Deal europeo.
En este contexto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha comprometido a elaborar una nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, como medida regulatoria dentro de la más amplia Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.
La Estrategia ha sido presentada en forma de un Documento para el Debate, con el que el Ministerio ha puesto en marcha un proceso de diálogo sobre la movilidad a escala nacional, abierto durante 120 días, con todos los actores implicados y la sociedad civil. El Documento se centra en nueve ejes estratégicos:
- Movilidad para todos
- Nuevas políticas inversoras
- Movilidad Segura
- Movilidad de bajas emisiones
- Movilidad inteligente
- Cadenas logísticas intermodales
- Conectando Europa y conectados al mundo
- Aspectos sociales y laborales
- Evolución y transformación del MITMA
En total, 40 líneas de acción y más de 150 medidas concretas, entre ellas la Ley de movilidad sostenible, que habrán de sentar las bases de la movilidad de un futuro cada vez más cercano.
Con la Ley de Movilidad Sostenible, por tanto, se abordarán temas tan diversos como la fiscalidad y financiación del transporte público, un tema pendiente en nuestro entorno europeo, la logística y distribución urbana de mercancías o la digitalización y automatización del transporte, sin duda uno de los temas, este último, más disruptivos del sector.
La co-gobernanza, una vez más, clave del éxito regulatorio
La palabra trendy de los últimos meses vuelve a situarse como clave del éxito en este caso. La colaboración público-privada en la elaboración e implementación de políticas públicas y regulatorias de movilidad es incuestionable dada la enorme multiplicidad de stakeholders involucrados.
Igualmente, la disparidad actual de regulaciones a nivel regional y municipal y la aparición constante de nuevos actores implicados hacen imprescindible que las nuevas propuestas regulatorias ofrezcan claridad y cierto grado de homogeneización a ciudadanía, instituciones y terceros actores y sean capaces de adaptarse rápidamente a los cambios que se suceden, muchas veces de un día para otro, en este sector.
