La mayor incógnita de las elecciones catalanas, la fecha

Como es sabido, la celebración de elecciones requiere el despliegue de numerosos recursos y efectivos para garantizar el derecho a voto de toda la ciudadanía. Un esfuerzo que necesita de la planificación y gestión adecuadas, obstaculizadas este año por la evolución de la pandemia. Por ello, a poco más de un mes de la celebración de las próximas elecciones en Cataluña, cada vez más voces, incluso miembros del Govern a micro cerrado, plantean la oportunidad de aplazarlas.

De momento, Catalunya tiene una fecha fijada, el 14 de febrero. No obstante, a medida que se acerca el día surgen algunas dudas: ¿Está confirmado que se celebrarán en la fecha fijada? ¿Pueden posponerse? Y, en ese caso, ¿existe un plazo máximo de tiempo para la nueva convocatoria, o la prórroga dependería exclusivamente de los indicadores de salud pública? ¿Pueden las fuerzas políticas en el gobierno sacar provecho de la situación y la incertidumbre actual para obtener el mejor rédito electoral posible?

Por el momento, el gobierno catalán ha aprobado un decreto que regula algunas de las cuestiones técnicas para la celebración de los comicios, en el que se incluyen normas complementarias derivadas de la situación pandémica. Como novedades, se ha creado la figura del responsable de seguridad sanitaria, que deberá asegurar el cumplimiento de las medidas de salud pública vigentes durante la jornada, y se incorporan los acuerdos de la Junta Electoral Central sobre las especificidades del voto por correo adaptadas a la actual situación sanitaria.

Sin embargo, cabe la posibilidad que las elecciones se pospongan. El pasado septiembre, la Comisión Jurídica Asesora, un órgano consultivo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, ya emitió un dictamen en el que establecía la obligación del Govern de velar por el equilibrio entre la protección de la salud pública y la celebración de un proceso electoral con todas las garantías.

La fecha límite para evaluar la situación y tomar la decisión es el próximo viernes 15 de enero, dos semanas antes de que empiece oficialmente la campaña, por lo que habrá que estar muy pendiente de esta deadline que se ha fijado el propio Govern.

Lo que parece indudable es que la situación está empeorando, algo que se constata con el crecimiento de los indicadores sobre contagios y de la presión en los centros hospitalarios de Catalunya. Ante el avance de la crisis, el ejecutivo ha decidido implementar nuevas medidas más restrictivas sobre la movilidad y la actividad económica, que podrían ser un claro presagio para el aplazamiento. De hecho, el pasado 4 de diciembre el Govern mantuvo una primera reunión con los distintos grupos parlamentarios para compartir los escenarios y protocolos en los que están trabajando. De un total de nueve posibles escenarios, dos de ellos prevén posponer las elecciones; esto se daría en el caso de un confinamiento total de la población o de que exista una restricción absoluta de actividades sociales en muchos sectores. El conseller de Acción Exterior y también responsable del proceso electoral, Bernat Solé, afirmó que la decisión final se tomaría “teniendo en cuenta únicamente el punto de vista epidemiológico”.

Evolución pandémica aparte, los cálculos políticos internos de los partidos de Govern hacen que las opciones de aplazarlas ganen enteros. Por un lado, ERC ha estado al frente de dos consejerías clave en la gestión de la pandemia, blanco de las críticas más duras a nivel político, empresarial, social y mediático, como se ha visto recientemente con los problemas de vacunación. Retrasar las elecciones hasta la primavera podría permitirle bajar el perfil de sus consellers más polémicos (Vergés y El Homrani) y consolidar a Aragonès, un candidato poco conocido. Por otro lado, Junts reconoce en privado que necesita tiempo para mejorar su posicionamiento en las encuestas, , y eso sin el “efecto Illa” incorporado.

Como argumento a favor del aplazamiento, el Govern cuenta con que Galicia y el País Vasco ya pasaron por esta situación el año pasado. En ambas autonomías las elecciones estaban previstas para el mes de abril, pero la irrupción de la crisis sanitaria obligó a que se celebraran finalmente a mediados de julio. Para ello, los presidentes en funciones -Feijóo y Urkullu, respectivamente- aprobaron un decreto de suspensión de las elecciones tras acordar la nueva fecha de los comicios con el resto de las fuerzas políticas parlamentarias. Para ello se barajaron varias posibilidades teniendo en cuenta la previsión de nuevas olas de contagio y se presentaron informes de los respectivos departamentos de salud. Los dos líderes políticos tuvieron que hacer frente a una situación sin precedentes y por ello tuvieron que buscar soluciones a una situación de vacío legal, que a su vez sigue siendo objeto de debate por parte de expertos constitucionalistas.

Parte del éxito de estos aplazamientos se debe a que los ejecutivos vasco y gallego hicieron de la necesidad virtud y consiguieron consenso con la oposición para el cambio de fecha. No obstante, la situación política catalana, crispada hasta la médula, podría generar una coalición imposible entre la oposición (desde C’s a la CUP), haciendo que el Govern se desgaste todavía más, sumando a las críticas por la gestión de la pandemia el intento de manipulación “modelo Trump” de los comicios para su beneficio. Veremos.