El próximo Govern será de izquierdas o no será

El regalo de Navidad para los diputados catalanes ha estado la disolución del Parlament, y les ha venido con cuatro días de antelación. Se trata de un punto y aparte para una legislatura en que, entre las crisis varias, ha sabido mantener un tono más conciliador. Sin duda han sido meses peculiares, empezando por tres investiduras de President fallidas (el mismo Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull), pasando por desacuerdos públicos y constantes en el seno del gobierno de coalición, la gestión de la crisis sanitaria, el Parlament online…para finalmente acabar con la primera disolución automática de la historia de la cámara catalana.

Pese a todo el ruido, el Parlament ha dado luz verde a 32 nuevas leyes, con muchas de ellas fruto de los acuerdos entre el Govern y En Comú Podem (los Comuns), es decir, el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, una fuerza motriz también en la política autonómica. En este sentido, el texto legislativo estrella fue la Ley de Presupuestos, adoptada el pasado abril, la primera ley presupuestaria aprobada desde 2017, tras tres años de prórrogas. Los presupuestos, con un carácter “marcadamente social”, según sus promotores, han servido de línea de salida para regulaciones que muestran el viraje sistémico de la política catalana hacia la izquierda y la expansión del gasto público. Ejemplo de ello han sido la ley de limitación de los precios del alquiler, la creación de la polémica “Agència de la Natura” o la ley sobre la atención pública de la salud bucodental.

En el lado de la promoción económica, ha habido pocas iniciativas. Destacable es la ley de facilitación de la actividad económica, que aplica el principio “Only Once” por el que empresas y emprendedores sólo tendrán que aportar una única vez sus datos en todos sus trámites con todas las administraciones. Otra iniciativa interesante es la ley de áreas de promoción económica y urbana (llamadas comúnmente APEU), que propone crear un modelo de entidad asociativa configurada como una asociación privada que, bajo la tutela de los municipios, promocione y mejore la competitividad de las áreas económicas urbanas con la colaboración de los propietarios de locales comerciales. También en el lado empresarial, no debemos olvidarnos de iniciativas que han fracasado, como la polémica ley de Cámaras de Comercio, que, según su memoria, debería servir para “velar por la sostenibilidad financiera de las Cámaras” y “desarrollar la competencia exclusiva de la Generalidad en materia de cámaras prevista en el Estatuto de Autonomía de Cataluña”.

Curiosamente, esta ha sido una de las iniciativas que más espacio mediático ha conseguido, en parte porque su impulsor “en la sombra” es el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, flamante candidato de JxCat a las elecciones de febrero y exponente del independentismo empresarial más contundente. La ley, impulsada personalmente por Torra, generó tanta tensión que permitió crear una alianza imposible entre Foment del Treball, la gran patronal catalana (poco amiga de la unilateralidad independentista), PIMEC (la patronal de las PYMEs catalanas, moderada en términos independentistas) y del sindicato CCOO, por considerar que “amenazaba la propia esencia de la participación institucional, del diálogo social y de la concertación social en Cataluña”.

Pese a no poder tramitarse en la cámara, lo cierto es que uno de sus objetivos se ha cumplido en los últimos días del año; el día después de la disolución del Parlament el Govern aprobó transferir 2,5 millones de euros a las cámaras catalanas para “garantizar su capacidad de seguir atendiendo la demanda de apoyo por parte de las empresas, en especial las sobrevenidas por la pandemia”.

A estos antecedentes tenemos que sumarles que, por un lado, el PSC ha hecho una declaración de intenciones presentando al actual ministro de sanidad, Salvador Illa, como candidato a la Presidencia y, por otro, que la candidata de JxCat, Laura Borràs, se considera una persona de izquierdas. De esta forma, todas las posibilidades que atisban las encuestas del 14 de febrero pasarían por un gobierno progresista (véase una redición del acuerdo Junts-ERC o un Tripartito de PSC, ERC y Comuns). Ante este escenario, y en un momento de creciente gasto público por las derivadas de la pandemia, es de esperar que la capacidad legislativa del nuevo Parlament seguirá siendo “marcadamente social”, por lo que prevemos revisión al alza de tributos, impuestos y tasas o nuevas formas “creativas” de política fiscal que afecten a múltiples sectores de la economía, siguiendo la estela del impuesto a las bebidas azucaradas o el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. En cualquier caso, y teniendo en cuenta este horizonte apasionante desde el punto de vista de los asuntos públicos y la defensa de los legítimos intereses del sector privado, les deseamos una buena entrada a 2021.