«Fit for 55», el paquete europeo de medidas sobre clima y energía, a análisis

Cumpliendo con el calendario previsto, la Comisión Europea ha presentado hoy el paquete “Fit-for-55”, la herramienta con la que la Unión busca acelerar el ritmo de descarbonización que se había impuesto hasta la fecha. Una decisión transcendental, pero, sobre todo, transversal a todos los sectores de la economía.  

El paquete de propuestas aprobado por la Comisión Europea se forjó en torno a un objetivo principal: reducir las emisiones de CO2 en un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Una hoja de ruta que ya celebró su primera etapa el pasado 9 de julio, cuando la propia Comisión Europea publicó el Reglamento (UE) 2021/1119 (más conocida como la Ley Europea del Clima), en la que ha consagrado los nuevos objetivos de reducción de emisiones netas a corto plazo. Una norma que representa el elemento central del Pacto Verde Europeo y cuya adopción sirve de escenario previo a la oleada de iniciativas regulatorias que se acometerán en los próximos meses. Su entrada en vigor, prevista en los veinte días siguientes desde su publicación (hasta final de julio), hace que la aplicación de los compromisos adquiridos sea inminente. Ahora, a la sala de máquinas de la economía le toca recoger el mandato comunitario de incrementar la potencia.  

Escenario europeo: liderazgo regulatorio  

De entre todos sus puntos, el más importante de la nueva Ley Europea del Clima es aquel que establece el requisito vinculante para los Estados Miembros de adoptar los marcos regulatorios que permitan cumplir con los nuevos objetivos y lograr la neutralidad climática en 2050. La Unión no solo endurece las normas del juego, sino que además se pone también seria: y es que la ley reserva a la Comisión Europea la capacidad de supervisar que los Estados Miembros vayan cumpliendo con los avances hacia la neutralidad climática, rol que se ve reforzado con la posibilidad de imponer sanciones en caso de que no lo hagan. 

En este contexto de «capacitación» de la Comisión, los planes en el más corto plazo pasan por: 

• reconsiderar el marco regulatorio existente para ver qué revisiones son necesarias para lograr los objetivos y desarrollar propuestas de mejora específicas (por ejemplo, la comisaria Kadri Simson adelantó hace unas semanas la necesidad de revisar los objetivos sobre la cantidad de energía procedente de fuentes renovables –revisión de RED II-, poniendo el foco sobre cómo integrar el peso de estas energías -comunidades locales, autoconsumo, generación distribuida- pero sin llegar a plantear una reforma integral del marco normativo al completo -ya que fue actualizado en 2018-); 
• nuevas propuestas legislativas, en el caso que durante ese proceso de revisión las propuestas iniciales de la Comisión queden en una posición débil de cara a afrontar los objetivos de 2030; 
• evaluar, en adelante, la coherencia de cualquier proyecto de medida o propuesta legislativa con los objetivos climáticos; y, 
• realizar un seguimiento del progreso para septiembre de 2023 (alineado con el balance del Acuerdo de París) y, a partir de entonces, cada cinco años a modo de un stop&go que evalúe el progreso colectivo realizado por los Estados Miembros y el grado de coherencia de las medidas adoptadas en ellos. 

Propuestas regulatorias en el pipeline 

La Ley Europea del Clima se ha adoptado en medio de varias propuestas legislativas destinadas a encaminar a la UE hacia el logro de sus objetivos climáticos. Algunas propuestas (como la propuesta de Reglamento sobre baterías) ya se han presentado y están avanzando en el proceso legislativo. Por el momento, se esperan las siguientes propuestas regulatorias (que refuerzan el impacto transversal de la nueva hoja de ruta climática que se abre en adelante): 

1. Una nueva propuesta para un Mecanismo de Ajuste de Fronteras de Carbono; 
2. Revisión del sistema de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE); 
3. Revisión de la Directiva sobre energías renovables; 
4. Revisión de la Directiva de eficiencia energética; 
5. Revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía; 
6. Revisión de la Directiva sobre el despliegue de infraestructura de combustibles alternativos; 
7. Revisión del Reglamento por el que se establecen normas de rendimiento en materia de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas (reducción de emisiones promedio de los vehículos nuevos en un 55% a partir de 2030 y un 100% a partir de 2035 respecto a 2021, esto es, todos los vehículos registrados a partir de 2035 deberán ser cero emisiones); 
8. Revisión del Reglamento de reparto del esfuerzo; 
9. Revisión del Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (eliminar la asignación libre de emisiones para la agricultura en la década 2026-2036);
10. Una propuesta de Reglamento sobre combustibles de aviación sostenibles (ReFuelEU Aviation), basado en la eliminación gradual los derechos de emisión (hasta ahora) gratuitos y alineándonos con el plan global de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (CORSIA);
11. Una propuesta de Directiva sobre combustibles alternativos sostenibles en el transporte marítimo (FuelEU Maritime), similar al caso de la aviación, incluyéndose por primera vez al sector marítimo en el régimen de comercio de emisiones;
12. Una propuesta para un programa Social de Acción Climática (por plantear);
13. Una nueva estrategia forestal de la UE (no legislativa);
14. Una propuesta de Reglamento para reducir las emisiones de metano en los sectores del petróleo, el gas y el carbón (previsto para el último trimestre de 2021); 
15. Revisión de la Directiva sobre rendimiento energético de los edificios (prevista para el último trimestre de 2021); y, 
16. Revisión de las Redes de gas y las normas de la UE sobre acceso al mercado – descarbonización de los mercados del gas (previsto para el último trimestre de 2021) 

Escenario nacional: respuesta en clave de desafío 

Aunque el paquete aprobado hoy tiene todavía pendiente un recorrido en las instituciones europeas (a través de esas iniciativas listadas), la medida transversal de gran calado que plantea con ella Bruselas -la reforma del mercado de derechos de emisiones de la UE- condiciona directamente las políticas de transformación previstas para la economía del carbono en España, en general, y las del mercado eléctrico, en particular. Bastan dos ejemplos del listado anterior: el impacto que podría tener el mecanismo para el CO2 en frontera sobre el precio de la energía en el mercado mayorista español o cómo la creación de los mercados de emisiones específicos para el sector del transporte y la edificación incrementarán el coste de las tecnologías con mayor huella de carbono y más utilizadas por los consumidores -aún- a día de hoy.  

En suma, la negociación del Gobierno español en las futuras task force será clave para minimizar el impacto de algunas de esas medidas sobre los ciudadanos y también sobre parte del tejido productivo. Porque las habrá. De hecho, la propia Comisión Europea es consciente de ello e introduce un reconocimiento explícito del impacto negativo de la transición sobre determinados grupos de población, motivo por el que ha decido impulsar un Fondo Social para el Clima (estimado en 144.000 millones de euros) destinado a proporcionar financiación específica a los Estados Miembros más impactos por los ritmos de la descarbonización. No obstante, la fricción de alcanzar estos nuevos objetivos no vendrá solo de la propia ambición fijada por las nuevas metas, sino de cuál sea el punto de partida de cada uno de los Estado Miembros. España parte de un escenario actual de transformación en múltiples planos de su economía, con especial intensidad en su modelo energético, que con la llegada el Fit for 55 provocará se vea incrementado en los próximos años.  

Y es que, como decíamos, la recién adoptada Ley Europea del Clima tendrá implicaciones sobre todos los sectores económicos, incluidos la agricultura, la automoción, los bienes de consumo, la propia energía, los metales y el transporte e, incluso, el sector financiero. La ejecución del Pacto Verde requerirá la reestructuración de la economía hacia la sostenibilidad y, como resultado, creará importantes oportunidades y desafíos económicos. Por ejemplo, la transición a una economía climáticamente neutra puede allanar el camino para tecnologías innovadoras a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos dirigidos a su diseño, enfoques alternativos de fabricación, ahorro de energía, gestión del final de la vida útil, que darán el impulso necesario hacia una economía circular. Europa ha tomado hoy su particular Bastilla en la senda de la neutralidad climática.