Cerrando el círculo: Ley de residuos y PERTE en economía circular

La preservación de las materias primas, la sostenibilidad de los productos y la gestión de los residuos se han convertido en algunos de los retos medioambientales más acuciantes. Es por ello que, en los últimos años, los decisores políticos de todos los ámbitos territoriales han puesto en marcha una batería de planes y leyes con la intención de impulsar el tránsito de una economía lineal a una circular. Las medidas previstas tienen y tendrán un impacto transversal en todos los sectores, y cambiarán a mayor o menor velocidad la forma en la que las empresas producen y los ciudadanos consumimos.

Nueva ley de residuos: plásticos desechables, vertedero e incineración en el punto de mira

El Congreso de los Diputados aprobó ayer la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la cual entrará en vigor en las próximas semanas. Se trata de una norma muy esperada tras un proceso de dos años desde que el Gobierno iniciara las primeras fases de consulta pública. Es una ley que llega tarde, pues la trasposición de las dos directivas europeas (de residuos y de plásticos de un solo uso) debería haber ocurrido en 2020 y 2021, motivo por el cual la UE abrió sendos expedientes contra España.

La tramitación parlamentaria ha sido larga y espinosa, con más de 1.300 enmiendas presentadas entre el Congreso y el Senado, las cuales se han traducido en numerosos cambios en la ley. La introducción de un impuesto de ámbito nacional sobre el depósito de residuos en vertedero y su incineración ha supuesto una gran confrontación con los partidos de aquellas comunidades autónomas que ya tenían implantado un tributo de la misma naturaleza, en especial con Cataluña. Y eso a pesar de que el Gobierno ha buscado el apoyo de ERC y Junts hasta el último momento, cediendo para que las CC.AA. mantuvieran las competencias para cambiar el tipo impositivo y de gestión completa del tributo. El rechazo de los partidos nacionalistas ha puesto en jaque al bloque que sostenía la mayoría del Gobierno en las Cortes, lo que a su vez ha conllevado que el PSOE tuviera que buscar nuevos apoyos en partidos del centroderecha. De hecho, ha sido gracias a la abstención del PP que la ley ha salido adelante. En comparación con la ley de cambio climático (la otra gran norma en materia ecológica de esta legislatura, que se caracterizó por la falta de consenso político), esta ley ha generado un mayor debate entre los grupos en busca de acuerdos, siendo aprobadas varias enmiendas transaccionales propuestas por partidos de todo el arco parlamentario.

Cabe destacar la introducción de dos nuevos impuestos verdes. Por un lado, el ya mencionado impuesto al vertedero, que, aunque no estuviera contemplado en las directivas (la fiscalidad sigue siendo competencia de los Estados miembros), sí que era una exigencia de Europa para acabar con una práctica a la que, de acuerdo con los últimos datos publicados (INE, 2019), se destinaron más del 40% de los residuos en España, siendo una de las tasas más altas de la UE. Por otro lado, un impuesto sobre los envases de plástico virgen no reutilizables que obligará a los fabricantes e importadores de estos productos a pagar 0,45€/kg a partir de enero de 2023, con independencia de que sean de origen renovable o compostables. España se convertirá así en uno de los primeros países europeos en adoptar un tributo para desincentivar la comercialización de envases de plásticos de un solo uso.

Junto con el impuesto, se establecen medidas para restringir el uso de determinados productos de plástico desechable, sobre todo en el ámbito de los envases de bebidas y alimentos para llevar, fijándose objetivos de reducción del 50% y 70% para 2026 y 2030 respectivamente, siendo de los más altos de Europa. Se abre la puerta además a la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) si no se cumplen con las tasas de recogida separada fijadas por ley.  Ahora bien, su viabilidad queda puesta en entredicho si se circunscribe únicamente a botellas de plástico, de ahí que muchos grupos hayan pedido la inclusión de envases de vidrio y aluminio. Cabe destacar igualmente la modificación de la contribución financiera a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, con la adición de nuevos costes para la recogida de la fracción resto y la limpieza viaria, de playas y zonas verdes que los productores tendrán que sufragar.

Y esto no es todo, pues el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) está preparando un nuevo real decreto de envases y residuos de envases cuya publicación está prevista para finales de año. Esta norma ampliará algunas cuestiones no desarrolladas en la ley (como el SDDR) e impondrá nuevas medidas para fomentar la prevención y reutilización de envases.

Un PERTE limitado con foco en tres sectores

En paralelo a la tramitación de la ley de residuos, el MITERD ha impulsado un PERTE en Economía Circular, que fue aprobado por el Consejo de Ministros a principios de marzo. El Gobierno persigue alcanzar una economía sostenible, descarbonizada y eficiente en el uso de materiales, aprovechando también para modernizar la industria e impulsar la innovación. Metas muy ambiciosas a las que quizás le falten el acompañamiento de los recursos necesarios para su consecución. Este PERTE es el que ha tenido menor asignación presupuestaria por ahora: movilizará 492 millones de euros, lejos de los asignados a otros proyectos estratégicos.

El PERTE tiene tres objetivos fundamentales:

• Mejorar el ecodiseño de los productos, haciéndolos más duraderos, sostenibles, reparables, separables, recuperables y reciclables.
• Mejorar la gestión de los residuos clave para la industria.
• Facilitar la digitalización de procesos para aplicar los objetivos anteriores de manera más eficaz.

Se estructura en dos líneas de actuación. Una primera multisectorial dotada con 192 millones de euros para impulsar la circularidad de los procesos productivos en el ámbito de la empresa, cuya orden de bases está actualmente en proceso de información pública; y una segunda, más estratégica, orientada a tres sectores elegidos por la previsión del crecimiento de sus residuos: plástico, textil y bienes de equipo de energía renovable, con 100 millones de euros cada uno. Las bases reguladoras se esperan para después de verano.

En definitiva, en este comienzo de 2022 España ha puesto los mimbres para avanzar hacia una economía circular. Ahora es el momento de pasar de la teoría a la acción con todas las medidas e instrumentos establecidos que aspiran a ponernos a la altura de otros países europeos en este ámbito. Mientras tanto, la UE ha lanzado una nueva ronda de iniciativas legislativas en el marco del Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción para la Economía Circular para, por un lado, hacer que los productos sean más respetuosos con el medioambiente y eficientes energéticamente, con una estrategia ad hoc para los textiles, y por otro, proteger a los consumidores frente al greenwashing.