Los asuntos públicos en la nueva era urbana

Nueva era urbana, también para los asuntos públicos

Cuando hablamos de lobby pensamos en las grandes tabacaleras y en las big pharma, en los pasillos del Congreso estadounidense y en Bruselas. No obstante, los últimos años en España están evidenciando una tendencia al alza en el ámbito de los asuntos públicos que se aleja de esa imagen: el mundo municipal.

De la mano de una mayor profesionalización, el sector de los asuntos públicos ha crecido con fuerza en nuestro país en las últimas décadas, pero con menos ímpetu en la escala local. Quizá se deba a que hasta ahora era un entorno institucional más reducido y cercano, que facilitaba la vía informal. O porque los presupuestos, economías y regulaciones municipales no eran lo suficientemente grandes como para que valiera la pena para las compañías invertir en una estrategia local de asuntos públicos. Sin embargo, la realidad es que las ciudades están creciendo y con ello lo hacen también sus problemas sociales, sus cuentas públicas, sus economías y la complejidad de sus aspectos regulatorios. Se calcula que cerca del 40% del negocio de las empresas depende de las regulaciones, lo que incluye también las locales.

En la Unión Europea un 75% de la ciudadanía vive en zonas urbanas y, según estimaciones de las Naciones Unidas, para el año 2050 lo harán dos terceras partes de la población mundial. Las zonas urbanas consumen más del 65 % de la energía del planeta, lo que representa más del 70 % de las emisiones de CO2. España no es ajena a este fenómeno mundial, ya que desde 1900 la población se ha multiplicado por 2,5 pero, al mismo tiempo, un 70% de nuestros municipios han perdido habitantes. Por ello, actualmente se habla de una “nueva era urbana”, algo que no puede ser despreciado por los asuntos públicos ni por las compañías.

Las ciudades ganan peso (económico y político)

Los municipios regulan e intervienen sobre actividades muy cercanas al día a día de los ciudadanos, como el abastecimiento de agua, la gestión de residuos, el comercio, los grandes eventos, las infraestructuras viarias, la movilidad, las redes de telecomunicaciones o hasta los servicios funerarios.

Asimismo, el ámbito local va teniendo un peso cada vez más importante en la lucha contra los problemas de este siglo: el cambio climático, la contaminación, la crisis energética y el agotamiento de los recursos naturales están muy relacionados con los patrones de consumo y movilidad que tenemos en las ciudades, pero también aspectos como la desigualdad social, el paro y la precariedad laboral, los precios de la vivienda, los nuevos hábitos de consumo, el turismo o la seguridad.

Esta tendencia se puede observar fácilmente en las cuentas públicas del Ayuntamiento de Madrid, que alcanzan casi los 5.500 millones para este año, y las de Barcelona, que superan los 3.400 millones. En ambos casos, con incrementos de cerca de una tercera parte respecto al presupuesto de hace una década. Además, Valencia y Sevilla también han superado este 2022 los 1.000 millones de ingresos previstos, y tampoco se quedan lejos Málaga, Zaragoza o Bilbao. Por tanto, las principales ciudades de España manejan unos presupuestos comparables, cuando no superiores, a comunidades autónomas como La Rioja, Cantabria, Asturias, Navarra, Extremadura o Baleares.

Nuevas oportunidades en la agenda urbana

Este mayor peso presupuestario de los municipios españoles ha llevado también a un mayor espacio para la participación de actores privados, con presupuestos de licitación crecientes con el paso de los años, aumentando el interés de las empresas. En este sentido, la externalización de la gestión y concesiones de los servicios y obras públicas municipales podría ubicarse en torno al 80% en España.

A esto hay que sumar que progresivamente van emergiendo soluciones tecnológicas desarrolladas por actores privados que pueden ayudar a hacer las ciudades más sostenibles y eficientes. Actualmente, gran parte del atractivo con el que cuentan las ciudades proviene precisamente de ser percibidas como fuente de innovación, tanto pública como privada, lo que debería revertir en su población y gestión urbana.

En definitiva, las ciudades son un importante motor económico y el contexto de inestabilidad internacional, sumado a los retos globales como la crisis ambiental, obligará a los ayuntamientos a repensar sus modelos de financiación y de gasto público en los próximos años. En este sentido, los actores privados y la sociedad civil tienen la oportunidad de corresponsabilizarse de la gestión de las ciudades, implicándose en una reconfiguración de la gobernanza urbana mediante la cocreación y coproducción de políticas públicas. Por ello, las empresas buscan cada vez más contar con una estrategia de asuntos públicos de escala local.

Por todo lo anterior, las compañías deberán tener un ojo puesto también en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, que se antojan cruciales desde la perspectiva de los asuntos públicos.