Las implicaciones imparables para las empresas del fuerte empuje regulatorio de la UE en materia ESG

La Unión Europea se encuentra actualmente a la vanguardia de la creación de nuevas medidas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG, o “ESG” por sus siglas en inglés) y de cómo estas deben integrarse y entenderse como parte integral del desarrollo social, económico y financiero. Un proceso legislativo con profundas implicaciones para el tejido empresarial y para los poderes públicos.

Las crecientes obligaciones de divulgación y transparencia relacionadas con los criterios ASG y los cada vez más exigentes procesos de diligencia debida en materia de Derechos Humanos para las empresas se han convertido en los dos ejes principales a implementar por parte de los actores económicos a nivel global.  Además, y en paralelo a lo que los nuevos marcos regulatorios puedan imponer, los inversores y analistas financieros han dejado claro hace tiempo que se centran cada vez más en estos nuevos criterios ASG.

Cifras recientes muestran que, en los tres meses previos a finales de 2020, el flujo de capital hacia los fondos “sostenibles” europeos aumentó en un 84 por ciento. Consecuentemente, que las empresas revelen de forma creíble y adecuada cómo su modelo de negocio será compatible con una economía basada en la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático será unos de sus mayores retos reputacionales en los años venideros. Así lo reiteró sin tapujos el CEO de BlackRock, Larry Flink, en su carta anual a los grandes ejecutivos de todo el mundo hace tan solo unos meses.

En el pasado, muchas empresas respondían al impulso de la sostenibilidad con algunas palabras bien elegidas e imágenes rimbombantes en el informe anual, intentando pasar de puntillas sobre un asunto que tiene ya una relevancia ineludible. Muchos aceptarán ya que lo que se hizo en su día no fue adecuado. Ciertamente, hoy día aquel tipo de aproximaciones superficiales no son suficientes para gestionar las demandas de los inversores y los nuevos requerimientos regulatorios, además de la expectativa de una sociedad muy demandante en este sentido. El mercado debe avanzar hacia una gestión convincente, basada en un modelo económico sostenible, que demuestre que el dinero de los inversores va a funcionar de una manera equitativa.

Tanto el tejido empresarial como los poderes públicos han empezado a reaccionar con decisión ante los retos de la sostenibilidad. A nivel global, destacan especialmente los avances en materia de acción financiera por el medio ambiente, con iniciativas privadas de autorregulación, y con claros posicionamientos de los poderes públicos, como la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático y su Agenda 2030. La solución sólo puede venir de la colaboración público-privada en un problema que nos afecta a todos.

“”La solución sólo puede venir de la colaboración público-privada en un problema que nos afecta a todos””

Claves del nuevo marco regulatorio impulsado por la UE

No es el propósito de este artículo hacer un análisis detallado de los avances y perspectivas regulatorias. Pero hay que destacar que la UE se ha volcado en conceder la importancia que merecen a los criterios ASG. En marzo de 2018, la Comisión Europea aprobó el Plan de Acción “Financiar el desarrollo sostenible”, que viene perfilando a través de varias consultas públicas, con tres líneas de acción a futuro de carácter fundamental: (i) Reorientar los flujos de capital públicos y privados hacia las inversiones sostenibles; (ii) integrar la sostenibilidad en el análisis de los riesgos financieros; y (iii) fomentar la transparencia y el largoplacismo en la toma de decisiones.

Hasta la fecha, los principales hitos dentro de este marco han sido un Reglamento centrado en la Divulgación de Información sobre Sostenibilidad Financiera y otro, conocido como Reglamento de Taxonomía, que establece por primera vez un criterio universal para valorar qué es verde y qué no. Conjuntamente, garantizan un flujo de información sobre sostenibilidad de las empresas hacia los distintos stakeholders con unos criterios claros, con el objetivo de impedir el recurso al “greenwashing”. Se trata de un nuevo marco normativo novedoso que exigirá desarrollos posteriores y que necesitará aportaciones de todas las partes implicadas en esta profunda transformación.

Aunque el foco principal de las autoridades europeas esté siendo el ambiental, también avanza en otros campos fundamentales, como el social. A partir de la declaración de Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se desarrolla el concepto de “diligencia debida de derechos humanos”, referido a la evaluación del impacto de la empresa en los mismos, tanto de forma directa como en las externalidades. Se espera que, en el segundo trimestre de 2021, la Comisión proponga una Directiva con este objetivo.

Cabezas de grupo europeos para integrar los criterios ASG

Para muchas empresas, la tentación de dejar su modelo de sostenibilidad ambiental y social o su modelo de gobierno corporativo fuera de sus informes, especialmente de los informes anuales, es todavía grande. Se trata de un enfoque equivocado, tanto desde la perspectiva del coste reputacional como la de los riesgos regulatorios a los que se pueden enfrentar ahora que la legislación avanza. Los principales actores económicos deberían desempeñar un papel de liderazgo en la integración de los criterios ASG, marcando objetivos que vayan más allá de la línea de base regulatoria para erigirse en  cabezas de grupo y liderar un cambio inminente a nivel global, con especial foco en Europa.

Al igual que con los informes financieros, la actividad que se monitorea, mide e informa en el ámbito de los criterios ASG debe comenzar con la estrategia y el propósito específicos de la empresa. Por ello, debe existir un vínculo claro con la estrategia corporativa y de negocio más amplia, debiendo cada empresa encontrar su rol particular.

La voz de esta creciente prioridad de los stakeholders se superpondrá de una manera inevitable en los próximos años a otras consideraciones, y las empresas más exitosas serán las que sepan responder a sus demandas de integrar criterios ASG. Para los mercados, la información no financiera solo será creíble si los datos que se recopilan y analizan son sólidos y contrastables.

En el diseño de este marco, mantener un diálogo fluido y constante con los principales grupos de interés, reguladores, actores políticos u otros stakeholders ligados con el desarrollo sostenible puede marcar la diferencia del éxito empresarial. Una adecuada estrategia regulatoria y de Asuntos Públicos se convierte, por ello, en algo indispensable para cualquier actor que quiera adelantarse a su competencia y mitigar riesgos regulatorios.

En conclusión, la nueva realidad acarrea un de la demanda de integración de criterios ASG y de divulgación de información no financiera. Las empresas que no se adapten al cambio perderán, previsiblemente, atracción de inversión y, por tanto, acceso al capital. En cambio, aquellas que sepan aprovechar las oportunidades que se presentan obtendrán una notable ventaja competitiva gracias a una prima o beneficio reputacional. Dos empresas idénticas, incluso con la misma integración de criterios ASG, podrían acabar en posiciones muy diferentes en virtud de la calidad de la información no financiera que publiquen y compartan. Así de simple.